En el marco del 25N hacemos un análisis de las condiciones de violencia de género en el sector palmero y la urgencia de cumplir con los compromisos empresariales en torno a la defensa de las mujeres.

El pasado 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres. Una fecha que se declaró así, para honrar a tres hermanas dominicanas que fueron brutalmente asesinadas por la dictadura de su país.

El 25N es hoy en día un momento crucial para poner sobre la mesa el debate sobre cómo se está avanzando para erradicar la violencia de género en cada país. 

Desde el Observatorio de Derechos en Palma abordamos y analizamos los riesgos que existen para las mujeres de ser víctimas de violencia en el entorno de la producción de aceite de palma; así como los compromisos que deben respetarse en el marco de los estándares de aceite de palma sostenible. 

El criterio 6.5 de la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible -RSPO- indica que “No hay acoso o abuso en el lugar de trabajo y se protegen los derechos reproductivos”. Esto conlleva una serie de acciones que las empresas deben tomar en cuenta. Por ejemplo, comunicar a todos los niveles de las compañías, las política contra el acoso sexual y otras formas de violencia que se hayan implementado; además, asegurar los derechos reproductivos, dando permiso a las nuevas madres de realizar sus labores de lactancia, en centros de cuidado adecuados y seguros para este fin (la guía para este criterio señala que un comité de género evaluará las necesidades de las nuevas madres). Asimismo, deben implementar un mecanismo de quejas, que respete el anonimato; y se debe asesorar a las mujeres afectadas por la violencia. 

Pero ¿las empresas de palma en Guatemala y Honduras, cumplen con estos criterios? 

Según la encuesta del Observatorio de Trabajo Justo de CNV Internationaal (ver en este link), en Honduras, con una muestra de 129 personas encuestadas, de 10 empresas, el 71% de trabajadores y trabajadoras, indicaron que o no existen o no conocen ninguna medida de las empresas a favor de trabajadoras. Esto evidencia que, o efectivamente no hay o no se comunica adecuadamente los derechos de las mujeres trabajadoras.

Por otra parte, el 68% de las personas trabajadoras encuestadas en esta muestra, no conocen los procedimientos para denunciar casos de abuso, violencia o cualquier otra forma de acoso.

En Guatemala, son relevantes las cifras sobre denuncias de discriminación y acoso. De una empresa que está certificada por RSPO, se consultó a 13 personas, y 2 señalaron que conocen de denuncias hechas a la empresa por discriminación y abuso. A su vez, en una empresa no certificada por RSPO, de 49 personas, cerca de la mitad (22 personas) indicaron que hay denuncias por discriminación y acoso hacia su empresa. 

¿Existen permisos de lactancia y centros de cuidado en las empresas palmeras? Oxfam realizó un monitoreo al respecto en el año 2019 con 5 empresas de palma en la zona norte de Guatemala: La mayoría cumple con brindar el tiempo de lactancia, que regularmente las madres hacen efectivo saliendo una hora antes de las labores. La mayoría de las empresas no cuenta con guarderías en las fincas y no se observó que tuvieran espacios seguros y adecuados para la lactancia. En ese sentido, la legislación nacional -tanto guatemalteca como hondureña- establece esa obligación sólo en el caso que existan más de 30 mujeres trabajadoras en la empresa. 

Dado que los principios RSPO adoptan un proceso de interpretación nacional, es justificable que las empresas adopten las legislaciones laborales de Honduras y Guatemala. Sin embargo, existe una oportunidad de mejora en este tema, por lo que se debe trabajar en el fortalecimiento de medidas que vayan más allá de la legislación nacional  para garantizar el derecho de las madres al cuidado, con el fin de generar condiciones adecuadas para las mujeres.

Por otro lado, ¿La responsabilidad de las empresas por la violencia de género existe solo cuando los hechos ocurren dentro de la empresa? Esta es otra reflexión necesaria, incluso para ser revisada a la luz de los criterios de RSPO. 

Recientemente, Oxfam ha documentado casos de violencia de género provocados por las empresas de seguridad que se contratan en las operaciones palmeras. En Guatemala, organizaciones de mujeres han denunciado que miembros de la seguridad privada han acosado a mujeres de las comunidades. Incluso, reportaron un caso de violación de parte de la seguridad de una empresa no certificada. Esto en un contexto de la instalación de nuevas plantaciones de palma, donde la seguridad está jugando un rol de protección de las nuevas siembras, en zonas donde existe oposición y controversias sobre la propiedad de la tierra. 

En este ámbito tan delicado, cabe hacerse la reflexión de que las violencias contras las mujeres, tienen su origen en un desbalance de poderes. Y en contextos como el de las comunidades, que están enfrentados a empresas que contratan personal de seguridad con armas de grueso calibre, la desigualdad de poder se manifiesta más ampliamente; y posibilita que ocurran abusos como los ya señalados. 

De manera que las empresas deben contar con políticas y mecanismos para prevenir y atender la violencia contra las mujeres; tanto el que ocurre con sus trabajadoras, como el que pueda suscitarse en el entorno comunitario y vincule a su personal o empresas contratistas. Y una muy buena práctica, sería también hacer concientización a los trabajadores sobre la violencia en contra de las mujeres. 

Resulta relevante mencionar una buena práctica en esta materia. En Guatemala, una empresa de palma ha realizado mejoras en el abordaje de las denuncias de violencia de género. Luego que una auditoría externa del mecanismo de quejas de esta empresa -del que Oxfam hizo parte- presentó una serie de recomendaciones en esta temática; el mecanismo de quejas incorporó a mujeres para poder atender denuncias de violencia de género, y se elaboró una guía de actuación en casos de acoso sexual. 

Para cumplir con el propósito de la conmemoración del 25 de noviembre, se invita a las empresas palmeras, y actores clave en la cadena; a seguir impulsando más y mejores políticas y mecanismos que garanticen el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.