Defender los derechos humanos y laborales no debería representar un riesgo. Sin embargo, en los territorios donde se desarrolla la industria de la palma de aceite en Honduras y Guatemala, trabajadores, líderes comunitarios, sindicatos y organizaciones sociales pueden estar expuestos a situaciones de vigilancia, intimidaciones, estigmatización y represalias por expresar sus preocupaciones o promover el respeto de sus derechos.
Estas personas cumplen una labor legítima y necesaria. Ayudan a identificar situaciones que afectan a los trabajadores y las comunidades, alertan sobre posibles vulneraciones y contribuyen a construir soluciones mediante el diálogo. Por esta razón, proteger a quienes defienden derechos no es una responsabilidad de unos pocos. Las empresas palmeras, los compradores y otros actores de la cadena de suministro, así como los gobiernos, también tienen un papel fundamental en la creación de condiciones que favorezcan un entorno seguro para los defensores de derechos.
¿Quiénes son las personas defensoras de derechos humanos?
Cuando hablamos de personas defensoras de derechos humanos no nos referimos únicamente a integrantes de organizaciones especializadas. También hablamos de los trabajadores agrícolas que promueven mejores condiciones laborales, de aquellos que participan en organizaciones de trabajadores, de los líderes comunitarios que protegen sus territorios y medios de vida, de las mujeres defensoras y de los pueblos indígenas. En otras palabras, puede ser considerada defensora toda persona que, de manera pacífica, promueva, proteja o reclame el cumplimiento de los derechos humanos.
Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos reconocen que estas personas desempeñan un papel fundamental para identificar riesgos, prevenir abusos y fortalecer los procesos de debida diligencia empresarial. En Honduras y Guatemala, muchas comunidades y personas trabajadoras vinculadas a la producción de palma viven en territorios marcados por la pobreza, las desigualdades y las escasas oportunidades de empleo alternativo.
En estos contextos existen fuertes asimetrías de poder entre las empresas, las comunidades y los trabajadores. Dichas asimetrías pueden incrementar el riesgo asociado a expresar preocupaciones, participar en procesos de formación sobre derechos laborales o hacer parte de una organización de trabajadores. Las agresiones contra las personas defensoras no siempre adoptan formas visibles o fácilmente reconocibles.
Algunas prácticas pueden parecer menores o cotidianas, pero pueden generar un efecto inhibidor sobre la capacidad de las personas para organizarse, presentar denuncias o participar en espacios de diálogo.
La intimidación y las represalias no solamente ponen en riesgo a las personas defensoras. También pueden generar riesgos operacionales, reputacionales y de sostenibilidad para las propias empresas palmeras. Por el contrario, escuchar a trabajadores y comunidades permite detectar tempranamente los riesgos y buscar soluciones antes de que los conflictos se agraven, así como fortalecer la confianza, mejorar el diálogo y contribuir a que las empresas mantengan relaciones más responsables con los territorios donde operan.
Diversas experiencias también demuestran que existen alternativas positivas. En algunos casos, el diálogo entre organizaciones sociales, empresas productoras y compañías compradoras ha permitido revisar decisiones que afectan a trabajadores organizados. La participación de otros actores de la cadena de suministro también ha contribuido a corregir sanciones o despidos cuando no existían razones suficientes para mantenerlos.
Reconocer un problema, revisar una decisión y establecer medidas de reparación no debe interpretarse como una señal de debilidad empresarial. Por el contrario, demuestra capacidad para escuchar, corregir y actuar de acuerdo con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
El informe de Oxfam Threats to Human Rights Defenders: Six Ways Companies Should Respond plantea una serie de medidas que pueden ser especialmente relevantes para el sector palmero en Centroamérica.
1. Reconocer públicamente la labor de las personas defensoras
Las empresas pueden adoptar y comunicar políticas que reconozcan el papel legítimo de quienes defienden los derechos humanos, laborales, ambientales y territoriales. Estas políticas deben incluir un compromiso explícito de cero tolerancia frente a amenazas, intimidaciones, vigilancia indebida y represalias.
2. Llevar estos compromisos a todos los niveles de la empresa
No basta con que una política sea conocida por la alta dirección. Los compromisos deben ser comprendidos y aplicados por supervisores, personal de seguridad, equipos de recursos humanos y responsables de relaciones comunitarias, pues son quienes mantienen un contacto más directo con trabajadores y comunidades.
3. Incorporar estos riesgos en la debida diligencia
Las empresas deben identificar y evaluar los riesgos que pueden enfrentar las personas defensoras dentro de sus operaciones y cadenas de suministro. Esto implica reconocer señales tempranas de intimidación, estigmatización o represalias, y monitorear periódicamente el contexto en el que se desarrollan sus actividades.
La participación de trabajadores, sindicatos, comunidades y organizaciones sociales es indispensable para comprender estos riesgos.
4. Fortalecer los mecanismos de queja
Los mecanismos de queja deben ser accesibles, independientes y confidenciales.
Las personas deben poder reportar amenazas, intimidaciones o posibles represalias sin temor a perder su empleo o sufrir consecuencias negativas.
Además, estos mecanismos deben ofrecer seguimiento, respuestas oportunas y garantías efectivas de protección frente a nuevas represalias.
5. Utilizar la influencia empresarial para promover derechos
Las empresas productoras y compradoras pueden utilizar su influencia para promover y defender públicamente la libertad de asociación, el diálogo social y el trabajo legítimo de las organizaciones que promueven los derechos humanos y laborales.
Este respaldo es especialmente importante en contextos donde las personas defensoras son señaladas como generadoras de conflicto o contrarias al desarrollo económico.
6. Promover el diálogo y evitar acciones dirigidas a silenciar
El sector puede impulsar espacios permanentes de diálogo con trabajadores, comunidades, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil. Estos espacios deben reconocer las diferencias culturales y territoriales e incorporar enfoques de género e interculturales.
Desde el Observatorio de Derechos en Palma se recomienda que las empresas se abstengan de promover, apoyar o financiar acciones legales cuyo propósito sea intimidar o silenciar a quienes ejercen pacíficamente su derecho a defender derechos.
Proteger derechos también fortalece la sostenibilidad de la cadena de la palma de aceite
La sostenibilidad de la industria palmera no depende únicamente de sus resultados económicos, productivos o ambientales, también requiere que los trabajadores, las comunidades y sus organizaciones puedan expresar preocupaciones, participar en decisiones y proponer mejoras sin poner en riesgo su integridad, su empleo o sus medios de vida.
Proteger a las personas defensoras de derechos humanos no debe entenderse como una concesión. Es una herramienta para prevenir conflictos, fortalecer la gobernanza empresarial y construir cadenas de suministro más responsables.
En un mercado internacional que exige mayores estándares de debida diligencia, las empresas que incorporen mecanismos efectivos de escucha, diálogo y gestión de riesgos para proteger a quienes alzan la voz estarán mejor preparadas para construir relaciones duraderas con trabajadores, comunidades y compradores.
Defender derechos no debería costarle a nadie su seguridad o su trabajo. Garantizarlo es una responsabilidad compartida por todos los actores de la cadena de la palma de aceite.
