El Observatorio de Derechos en Palma que evidencia la existencia de trabajo forzado, se suma a las denuncias públicas realizadas por más de 30 organizaciones sociales e internacionales, incluyendo CONDEG y OXFAM, en contra de las violaciones de derechos humanos perpetradas por una empresa productora y comercializadora de productos de la palma de aceite, en las comunidades Indígenas Maya Q’eqchi ubicadas en su área de operaciones. Es urgente un diálogo social que incluya las voces de los trabajadores y las comunidades.

Comunicado a la opinión pública – Solicitud de embargo para empresa en Guatemala

El pasado 17 de abril de 2024, el Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala -CONDEG- se ha pronunciado con el fin de hacer visibles las violaciones de derechos, así como las condiciones de trabajo forzado que continúan presentándose dentro de las plantaciones y de las cuales la población indígena es la principal afectada. 

Creemos fundamental señalar que el trabajo forzado constituye una grave violación laboral. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Trabajo Forzado se entiende como cualquier situación en la cual personas están obligadas a trabajar en contra de su voluntad, mediante el uso de violencia o intimidación, o por medios más sutiles como una deuda manipulada, retención de documentos de identidad o amenazas de denuncia a las autoridades de inmigración.  

De esta manera, apoyamos las denuncias, avalados en los hallazgos de nuestro propio Observatorio de Derechos en Palma, con el que, en este 2024 hemos evidenciado que, de 64 trabajadores que han participado en el monitoreo digital, el 98% de ellos, hacen parte de grupos étnicamente diferenciados y reportan situaciones en donde se violan los derechos laborales en casos como el abuso de las condiciones de trabajo, el no reconocimiento económico de horas extraordinarias laboradas y precarias condiciones de salud y seguridad en el trabajo.  

En especial se ha evidenciado que el 67% de estos trabajadores gana menos de un salario mínimo legal en Guatemala, el 88 % indica que se les obliga a superar el máximo legal de jornada laboral. Por otro lado, 78% menciona que asisten al trabajo bajo amenazas relacionadas con despidos injustificados, sanciones y retenciones salariales y pérdida total del trabajo. Por otra parte, en el Observatorio de Derechos de Palma se han reportado indicios de presencia de trabajo infantil, situación que está apoyada además en adjudicación oficial de CONDEG.

Por esta razón nos sumamos a la petición dirigida a los Estados Unidos, especialmente a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, para que consideren un posible embargo de importación de los productos de palma de aceite y sus derivados, con el fin de que se ponga un freno urgente a las prácticas de trabajo forzado en las plantaciones de en Guatemala. Esta solicitud de embargo puede ser un camino que permita mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.    

Estos planteamientos nos exigen recordar a los multiactores de la cadena de la palma de aceite la necesidad y obligación de responder a la debida diligencia de las grandes empresas para garantizar prácticas laborales justas y éticas en toda la cadena de suministro.

Esperamos confiadamente que los actuales procesos de certificación que está desarrollando RSPO en Guatemala contemplen el contexto actual, en materia de derechos humanos y condiciones laborales y que haga cumplir los principios de sostenibilidad que exigen un respeto por las y los trabajadores.